México avanza paso a paso hacia conseguir una movilidad sostenible, puesto que es la ruta que hay que seguir para lograr sus objetivos de descarbonización; para conseguirlo debe desarrollar una dinámica que considere aspectos como infraestructura -eléctrica y de recarga- para soportar la electromovilidad, incentivos para la adquisición de vehículos cero emisiones, capacitación, entre otros.
Sin embargo, el país ya cuenta con algunos tramos recorridos, como una capacidad de manufactura de vehículos, una industria con mano de obra calificada, una cadena de suministro robusta que puede ser el punto de partida para poder apalancar el desarrollo, investigación y tecnología en software, sensores y tecnología de recarga, además de una incipiente infraestructura de recarga.
“Al menos existe la disposición del gobierno de empezar a armar un marco regulatorio, tenemos un comercio domestico importante y una ventaja geográfica que nos permite aspirar a mercados internacionales, hay políticas de sostenibilidad y se está armando una buena comunidad con la colaboración entre las diversas partes, además de una movilidad urbana y de servicios con proyectos interesantes a futuro”, detalló Nanghelly Silva, presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), durante la Mesa de Movilidad Sustentable organizada por la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes) y el CCE.
Silva no obvió las limitantes del país para alcanzar la visión de una movilidad inteligente y sostenible como la nueva norma para México, “la primera son los esfuerzos aislados por falta de comunicación interinstitucional en el tema de regulación y normativa. No hay metas y leyes claras para poder realizar inversiones a largo plazo, falta regularización y normativa en estandarización de cargadores y la cadena de suministro, además, de una mala coordinación de reguladores y supervisores de política pública”, afirmó.
A lo anterior añadió los paradigmas relacionados con los costos de seguridad, la disponibilidad de tecnología, los altos costos de producción de vehículos de tecnologías alternativas.
“El modelo de negocio tradicional de la industria automotriz no puede ser el mismo, entonces, tiene que haber incentivos fiscales e inversión federal para promover los nuevos modelos empresariales. Así como acceso a la información y capacidades de financiamiento a las Pymes que se puedan integrar a la cadena de valor, fortalecer al sector educativo y que pueda alinearse a la demanda laboral. Certidumbre legal y políticas públicas claras, y finalmente un marco regulatorio que dé certeza a las inversiones a mediano y largo plazo, y vencer la resistencia al cambio”, comunicó la presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo del CCE.
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