El Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la cual no agradó a especialistas del sector.
María Larriva Sahd, especialista en aeronáutica, afirmó que esta Ley era innecesaria, debido a que a los militares la Constitución les da facultades de intervenir en el espacio aéreo por motivos de seguridad.
Recordó que la Fuerza Aérea y el Ejército tienen un sistema de cuatro sistemas de radar donde monitorean todo el espacio aéreo; además de que toda la información del espacio aéreo civil ingresa vía Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y también al sistema de la Defensa. Además, la Fuerza Aérea tiene aviones radares que los pueden usar para monitorear parte del espacio donde pudiera no haber detección radar.
Esto significa que tienen toda la información de “todo lo que se mueve en el espacio aéreo y tienen manera de discriminar cualquier avión extraño que estuviera fuera de estas normas”, por lo que si no se está persiguiendo a esas aeronaves desconocidas, ilegales, es porque no hay la determinación política ni el presupuesto para ello.
“La Fuerza Aérea necesitaría aviones más adecuados para poder perseguir a las aeronaves ilícitas. Entonces, no son leyes las que necesitamos, sino que se le dé a cada uno los recursos para cumplir su función”, aseveró.
Larriva Sahd reiteró que se puede intervenir el espacio aéreo si hay afectaciones a la seguridad, tal y como ocurrió en el levantamiento armado en Chiapas en 1994, cuando los militares cerraron el espacio aéreo de toda esa entidad.
Impugnación de la nueva ley
La especialista expresó que quienes pudieran impugnar esta ley serían los controladores de tránsito aéreo, debido a que los quieran involucrar en
delitos o irregularidades, “en el deterioro de una función que les corresponde solamente a ellos (a los militares)”.
Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), coincidió que las funciones que se determinaron en esta nueva
ley ya estaban en las funciones de las Fuerzas Armadas, aunque consideró que era necesario fortalecer el sistema de vigilancia y seguridad del espacio
aéreo nacional, operativamente no va a ser del todo ágil.
Implementar Ley de protección del espacio aéreo mexicano
Mencionó que en materia operativa de esta ley, hace falta ver cómo se va a implementar, como el caso de las “trazas de interés para las fuerzas
armadas” (lo que el controlador ve en su radar, hacia dónde se mueve la aeronave).
“Ya está el qué, sólo falta ver el cómo, este es muy importante, ya que definirá cómo será el día a día para los controladores, los pilotos
y para las propias Fuerzas Armadas”, dijo.
Insistió en que todo lo que se haga para mejorar a la industria es bueno, pero hay que hacerlo con “forma, fondo, sentido y rumbo”. Por lo que, en
lugar de hacer esfuerzos aislados, se haga una política aeronáutica de la mano del Estado, industria, Poder Legislativo y sociedad civil.
Esta ley se busca establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y la soberanía e independencia
nacionales del espacio aéreo mexicano, mientras otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la atribución (de la que no gozaba
anteriormente) de coordinar la participación de las diversas autoridades (FAM, Semar, SICT, Seneam, SSPC, Guardia Nacional, Segob, INM) para que,
desde su ámbito de competencia, coadyuven a la vigilancia y protección del espacio aéreo, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.
Vigilancia y protección del espacio aéreo
Para ello se establece el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, mismo que existía anteriormente pero como una coordinación entre
diversas dependencias, así como el Centro Nacional que cumplirá funciones de soporte para este sistema.
De acuerdo con la nueva ley el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano será la instancia superior responsable del
intercambio de información entre las diversas entidades de la administración pública federal, mismo que será encabezado por la presidencia de la
República, quien podrá ser suplido por el titular de Sedena. El resto de los integrantes podrán tener un suplente.
Asimismo, el Instituto Nacional de Migración podrá “invitar” al titular de aduanas y del Centro Nacional de Inteligencia, además de representantes de
universidades públicas y privadas y a otras autoridades que se estime convenientes.
Fuente: https://www.t21.com.mx
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